Los puestos fronterizos de la provincia están atiborrados de bultos con mercadería, cubiertas, hojas de coca, autos, micros y motos. El endurecimiento de los controles, fundamentalmente en el marco del Operativo Lapacho, tuvo como consecuencia que los productos incautados quedaran amontonados en las dependencias policiales de control hasta que se resolviera el destino de la mercadería. En marzo, cuando se advirtió la dimensión de las consecuencias colaterales a causa de que había trabas legales para disponer de todo ese material, se dispararon alarmas: se amplió medianamente el espacio en las dependencias fronterizas, pero casi no quedó lugar para los mismos agentes y hoy las mercaderías están al aire libre. En todo el año pasado se habían secuestrado 4.413 bultos, 4.289 cubiertas, 5.277 kilos de hojas de coca y 17.541 cajas de cigarrillos. En lo que va de 2025 se han secuestrado 3.962 bultos, 1.493 cubiertas, 4.697 kilos de hojas de coca y 2.310 cajas de cigarrillos. A grandes rasgos, se incrementaron fundamentalmente el contrabando de ropa y de hojas de coca (es tanto el material que, se supone que a fin de año triplicaría la cantidad de 2024); en el caso de cubiertas y cigarrillos hay una tendencia a la baja porque hay otras opciones para adquirir esos productos en el país.

En teoría, todos esos elementos deben ser trasladados a los depósitos de la Dirección General de Aduana, pero la burocracia y de las trabas legales generan estos cuellos de botella que, según se ve, no tienen solución inmediata. Los comerciantes informales que traen la mercadería de países limítrofes, principalmente Bolivia, afirman que las autoridades “no saben qué hacer”. Lo dicen desde la experiencia de un comercio que se desarrolla de modo informal desde hace más de tres décadas, aceptada por parte de la sociedad que consume muchos de estos productos, como son las ropas que se venden en las ferias repartidas por toda la provincia.

Según su valor, se considera esta evasión una infracción aduanera o bien un delito que es el contrabando. Esta cuestión, llamada aforo, es una de las principales causas de que la mercadería termine atiborrada en los 12 puestos fronterizos y de control de la provincia. Las normas establecen que los infractores deben abonar una multa cuyo costo está compuesto por el valor de lo decomisado más impuestos. Pero como el valor del aforo no se ha actualizado desde 2017, las multas son más caras que lo que cuesta lo secuestrado y el infractor abandona el producto. De allí deriva otro problema: la aduana y la Justicia federal deben decidir qué hacer con los elementos secuestrados, que son considerados en su gran mayoría delito a causa del aforo. La mayoría de los procedimientos desarrollados en el Operativo Lapacho terminaron con la apertura de una causa judicial y la Justicia de Tucumán, que está sobresaturada de causas y carece de personal e infraestructura, no las atiende.

Los funcionarios de la provincia afirman que  están haciendo gestiones con la Nación para que se regularice la situación con el tema del aforo: simplemente, habría que cambiar los valores y también se podrían activar algunos abandonados programas de entrega de mercadería secuestrada. También, como se señaló en un editorial en marzo, habría que estudiar más en profundidad el complejo problema social del trasiego de mercadería, que siempre desafía al sistema. Todo esto, además, está mezclado con otro problema creciente como el narcotráfico, puesto que se trata de las mismas rutas por las que son trasladados productos del delito como los estupefacientes, y las mercarías informales con las que se intenta evadir impuestos y controles.